A partir del 1 de mayo, estará prohibido formalmente en China el tráfico de órganos.

La medida llega meses después de que diversos organismos de derechos humanos criticaran a las autoridades del país por utilizar órganos de prisioneros ejecutados para realizar trasplantes.
La normativa, que fue emitida por el Consejo de Estado (Ejecutivo) y se compone de 32 artículos, estipula que “los trasplantes de órganos deberán respetar el principio de la donación libre y voluntaria”, y convierte en delito la extracción de órganos sin el permiso del dueño o contra su voluntad.

El texto legal prohíbe extirpar órganos a menores de edad y recoge que los doctores implicados en el comercio de órganos serán despojados de su licencia, mientras que sus clínicas serán suspendidas durante al menos tres años.
Esta regulación no se aplicará en el caso de trasplantes de tejidos humanos como células, córneas o médula ósea.

Varias organizaciones de derechos humanos han acusado a China de extirpar órganos de prisioneros ejecutados sin su permiso, algo que Pekín ha negado argumentando que se trata de donaciones voluntarias.
Unos 1,5 millones de chinos necesitan al año un trasplante, pero sólo 10.000 consiguen encontrar un órgano, según estadísticas del Ministerio de Salud.

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